Educación

El derecho a la educación es en Argentina una práctica social marcada por el surgimiento del Estado y el modelo de país en términos sociales, culturales y políticos que desarrollaron las élites. Si bien cuestiones referidas a los contenidos, métodos y objetivos sufrieron transformaciones diversas a lo largo del tiempo, las leyes que garantizan la educación son por momentos trincheras a las cuales aferrarnos -que sea pública, gratuita, laica y obligatoria-; y en otros un obstáculo a su efectiva aplicación –el desfinanciamiento con el traspaso de Nación a Provincias, la privatización indirecta-. En cualquier caso, desde hace más de cien años se discute el cómo, incluso el fundamento, pero sí resultan novedosos los cuestionamientos o dudas, al menos en una escala significativa, de su importancia y su calidad de condición primordial  para la movilidad social ascendente. Hasta podríamos sostener que las corrientes conservadoras, aunque sea discursivamente, son las primeras en hacer hincapié en la educación como una necesidad básica –recordemos la campaña de Bullrich en pandemia “abran las aulas”, Larreta defendiendo la UBA- .

En definitiva, los discursos que van corroyendo la inapelabilidad del derecho a la educación son un fenómeno relativamente nuevo, y que ocurre principalmente en los medios masivos –TN diciendo que “trabajando se aprende igual que en la escuela” con coberturas en tono los amigos de bart (googleen resistiendo). Este multiverso es posible en parte porque esos discursos responden a una realidad en la cual el derecho a la educación es deficientemente garantizado hace un tiempo ya. Por otra parte, porque las ilusiones y las expectativas de la escolarización han decaído muchísimo ante un panorama de múltiples crisis que parecieran no tener fin. La escuela no escapa a la implosión de lo social y comunitario.

Al respecto, es necesario hacer el ejercicio de preguntarse, el para qué de la educación. Para quien alguna vez pisó un aula, sea del lado del pupitre que sea, siempre surge la cuestión incisiva: ¿y esto de qué me sirve? Casi siempre las respuestas remiten a una cuestión laboral, económica, productiva. Incluso el spot de la UBA se pliega a estos sentidos comunes –“defendamos lo que funciona”-. Esta es la discusión política de fondo, si vivimos y nos formamos para el mercado laboral o para convertirnos en sujetos de derecho, en ciudadanxs, en personas autónomas y pensantes, con la convicción  de vivir en sociedad, en comunidad y en democracia. Si estudiamos para imaginar mundos inexplorados o solamente para tener tal puesto “sinior”. O incluso, cuando no le vemos un futuro posible a esa instancia pedagógica, la consideramos una pérdida de tiempo, otro aparato obsoleto del Estado, otra antigüedad.

Para la tradicional aristocracia, la verdadera casta que hace generaciones ocupa los espacios de poder, la explotación infantil es una práctica añeja, que se nutre de esta falsa disyuntiva entre trabajo y estudio. Cuando Benegas Lynch, cuyo pedigrí familiar en la cumbre social argentina puede seguirse varias generaciones atrás,discute la obligatoriedad de la escuela primaria, pone a las infancias en un lugar de propiedad de los xadres, quienes tendrían la “libertad” de elegir que se eduquen o trabajen. Por supuesto, ni Bertie ni sus hijxs conocerán nunca el trabajo, por eso tiene el tupé de hacer esta apología del trabajo infantil. 

Al final, lo que se encuentra en juego es nuestra soberanía, no sólo individual sino colectiva, de darnos el lugar de reflexión, de pensar qué y cómo queremos ser como sociedad, de probar, de equivocarnos, de crear. Porque la educación no son sólo contenidos, sino herramientas cognitivas, estrategias, perspectivas para ver y estar en el mundo. Y eso es un derecho inalienable de todas las infancias como personas, y no de sus progenitorxs o tutorxs. Además, mal que le pese a los gorilas, la movilidad social ascendente aún tiene una fuerte base educativa que la sustenta.